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6 abr 2012
LOS PRESUPUESTOS DEL 2012 LO REBAJA TODO MENOS A LA IGLESIA Y A LA PATRONAL
Gota SINDICAL: En los Presupuestos Generales del Estado se reduce la aportación a los sindicatos en 8,5 millones menos, dejándola como total en 17,3 millones, o sea un 33% menos. A los partidos políticos la deja en 113,7 millones, esto es, un 13,2% menos. A la patronal también se le reduce, pero no he encontrado la cuantía. A la Iglesia no se le reduce nada
22 mar 2012
COMENTARIO
SR;RAJOY PORQUE NO DEJA DE MENTIR AL PUEBLO ESPAÑOL,DICE LA VERDAD Y NOS CUENTA LAS COSAS QUE VA HACER PRIVATIZANDO TODO AQUELLO QUE ES PUBLICO,PARA ENCHUFAR A SUS AMIGOS Y FAMILIARES.OSEA USTED NO MIRA NADA POR EL BIENESTAR DEL PUEBLO ESPAÑOL SINO POR SU BOLSILLO.
LO QUE NO GUSTA NSABER
El año horrible vivido en 2009 por el PP con el estallido de la operación Gürtel y de otros casos de corrupción, como el que ha puesto contra las cuerdas al ex ministro y ex presidente balear Jaume Matas, amenaza con verse superado por el recién iniciado 2010.
El reguero de investigaciones pendientes, la posibilidad de nuevas imputaciones de alcance en la Gürtel y el laberinto en que, por ese mismo caso, permanece atrapado el presidente valenciano, Francisco Camps, auguran un verdadero calvario judicial para los conservadores. Dividido ahora en tres partes, el caso Gürtel puede acabar en el Supremo si surgieran indicios contra nuevos aforados de otras comunidades o de ámbito estatal.
El año ha arrancado con la previsión de nuevos sobresaltos para el partido de Mariano Rajoy. Será en el último tramo de este mes cuando, según fuentes de su entorno, el magistrado Francisco Monterde, que instruye la parte investigada por el Tribunal Supremo, levante, parcial o totalmente, el secreto de lo investigado respecto a los dos aforados nacionales en el caso: el senador Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y que mantiene su acta de senador, y el diputado al Congreso por Segovia Jesús Merino, que igualmente se mantiene en su escaño.
También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzará el secreto respecto a otra parte del sumario que instruye. De momento, el juez del TSJM Antonio Pedreira, encargado de toda la investigación salvo la que concierne al Supremo y al Tribunal Superior de Valencia, ha imputado a un nuevo cargo público del PP: la ex concejal de Obras de Pozuelo, Yolanda Estrada, con lo que el número de imputados asciende ya a 65.
De ellos, 16 son o fueron cargos orgánicos o públicos ligados directamente al PP. El ex eurodiputado Gerardo Galeote, recolocado por Rajoy como asesor de asuntos europeos, se librará, salvo viraje de última hora, porque los delitos que se le atribuían han prescrito.
No ha trascendido si los indicios de que la trama pagó sobornos en Castilla y León se traducirán en imputaciones de representantes públicos del PP en esa comunidad, donde los conservadores ejercen un control absoluto gracias a su demoledora mayoría electoral. Pero los datos sobre presunto pago de comisiones por parte de Teconsa, ya plasmados por Baltasar Garzón en su auto de marzo de 2009, son sólidos. El foco apunta hacia el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, que ha negado cualquier vínculo con la trama.
Queda igualmente por desvelar si el análisis de la contabilidad de la red y de los documentos hallados en la sede de las empresas de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, han abierto nuevos caminos para la investigación.
Ahora, la Fiscalía ha pedido al juez Pedreira que investigue las cuentas del PP valenciano. El magistrado se muestra reticente a hacerlo, dado que esa investigación podría afectar a aforados valencianos.
Camps logró en agosto que el TSJCV lo exonerase del presunto delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno, en el caso de los trajes. Con el juez amigo Juan Luis de la Rúa al frente de las deliberaciones, el tribunal concluyó que aceptar ropa confeccionada a medida y valorada en 12.783 euros no entrañó delito, pese a que la figura del cohecho impropio castiga la simple recepción del soborno, sin necesidad de que exista contrapartida.
El PSOE valenciano da por seguro que el Supremo obligará a reabrir el caso. Cree que lo presagia la nítida redacción del artículo 426 del Código Penal, el referido al cohecho impropio. En ese punto, el Código establece un castigo de multa de tres a seis meses para "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función".
Los socialistas sostienen que si el Supremo validase la decisión del TSJCV, convertiría en papel mojado el citado artículo. Antes de decidir sobre el fondo del asunto, el Alto Tribunal ha de resolver si cabe aquí la posibilidad del recurso de casación. El abogado de Camps entiende que no.
Respecto a la querella del PSOE por financiación ilegal del PP valenciano, las cosas parecen menos claras. La querella reproduce casi milimétricamente el ya famoso informe policial que en julio despreció el tribunal valenciano.
Los conservadores se aferran a la esperanza de que la querella no se admitirá porque el informe policial ya fue desechado por el tribunal valenciano, que aún preside De la Rúa. Éste sigue a la espera de que el TSJM responda si está investigando las pistas contenidas en el citado dossier de la Brigada de Blanqueo.
Frente a quienes auguran nuevas imputaciones de alcance, en el entorno del juez Pedreira se asegura que no habrá grandes novedades en la parte sobre la que se levantará el secreto a final de mes. La instrucción, apuntan fuentes del tribunal madrileño, no puede eternizarse ni abrir nuevas vías indefinidamente. Y, además, lo relativo a las 24 comisiones rogatorias cursadas por el magistrado para seguir el rastro del dinero sigue aún pendiente de cierre.
Procesalmente, la gran duda estriba en si el caso permanecerá en manos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia o si acabará bajo la tutela del Tribunal Supremo. "Si se concretan imputaciones en Castilla y León o si se reabre el caso de los trajes o se admite la querella del PSOE contra Camps, tendrá que pasar al Alto Tribunal", opina una fuente conocedora del caso.
No puede darse por seguro, dada la capacidad de maniobra mostrada por el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente histórico del PP valenciano. Pero si finalmente no surgen nuevos tropiezos, Fabra deberá responder ante la justicia por un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel. Las acusaciones de soborno y tráfico de influencias tendrán que esperar.
El ex presidente del Govern deberá comparecer el 23 de marzo y en calidad de imputado ante José Castro, el juez que investiga los incrementos de precio en la construcción del velódromo palmesano, que terminó costando el doble de lo presupuestado. Castro acusa al ex presidente balear de nueve delitos cuyas penas suman hasta 30 años de cárcel. Cohecho (soborno), malversación y blanqueo de capitales figuran en la lista.
En el ojo del huracán desde que un constructor le acusó de haber pagado en dinero negro la reforma de su palacete en el centro de Palma de Mallorca, Matas no ha recibido ningún reproche público de su partido. La compra del palacete, adquirido supuestamente a un precio muy inferior al de su valor de mercado, se encuentra bajo sospecha.
Pero eso no es todo. A comienzos de año trascendió un informe de la Guardia Civil según el cual la promotora que compró, reformó y comercializó los apartamentos del palacete es, en realidad, una sociedad instrumental propiedad de Jaume Matas.
Su escándalo no es el único que zarandea a los conservadores en las islas. Casos como el Scala o el de Andratx, cuyo ex alcalde Eugenio Hidalgo ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre, se han encadenado en los últimos años.
El reguero de investigaciones pendientes, la posibilidad de nuevas imputaciones de alcance en la Gürtel y el laberinto en que, por ese mismo caso, permanece atrapado el presidente valenciano, Francisco Camps, auguran un verdadero calvario judicial para los conservadores. Dividido ahora en tres partes, el caso Gürtel puede acabar en el Supremo si surgieran indicios contra nuevos aforados de otras comunidades o de ámbito estatal.
El año ha arrancado con la previsión de nuevos sobresaltos para el partido de Mariano Rajoy. Será en el último tramo de este mes cuando, según fuentes de su entorno, el magistrado Francisco Monterde, que instruye la parte investigada por el Tribunal Supremo, levante, parcial o totalmente, el secreto de lo investigado respecto a los dos aforados nacionales en el caso: el senador Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y que mantiene su acta de senador, y el diputado al Congreso por Segovia Jesús Merino, que igualmente se mantiene en su escaño.
También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzará el secreto respecto a otra parte del sumario que instruye. De momento, el juez del TSJM Antonio Pedreira, encargado de toda la investigación salvo la que concierne al Supremo y al Tribunal Superior de Valencia, ha imputado a un nuevo cargo público del PP: la ex concejal de Obras de Pozuelo, Yolanda Estrada, con lo que el número de imputados asciende ya a 65.
De ellos, 16 son o fueron cargos orgánicos o públicos ligados directamente al PP. El ex eurodiputado Gerardo Galeote, recolocado por Rajoy como asesor de asuntos europeos, se librará, salvo viraje de última hora, porque los delitos que se le atribuían han prescrito.
No ha trascendido si los indicios de que la trama pagó sobornos en Castilla y León se traducirán en imputaciones de representantes públicos del PP en esa comunidad, donde los conservadores ejercen un control absoluto gracias a su demoledora mayoría electoral. Pero los datos sobre presunto pago de comisiones por parte de Teconsa, ya plasmados por Baltasar Garzón en su auto de marzo de 2009, son sólidos. El foco apunta hacia el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, que ha negado cualquier vínculo con la trama.
Queda igualmente por desvelar si el análisis de la contabilidad de la red y de los documentos hallados en la sede de las empresas de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, han abierto nuevos caminos para la investigación.
La gran incógnita: Los millones de Bárcenas y las obras de Cascos
Pero ambas posibilidades, la de que la investigación salte a Castilla y León y que haya nuevos imputados en Madrid, están sobre la mesa. Como lo sigue estando un enigma: el significado de la frase pronunciada por el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en la ya célebre grabación sobre sobre los mil millones de pesetas (seis millones de euros) que, supuestamente, había entregado a Bárcenas. "Le llevé 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de la época de Cascos", dice Correa citando por su nombre al ex ministro de Fomento de Aznar y ex secretario general del PP.La rama valenciana: Camps, atrapado entre el Supremo y el TSJCV
El año arranca con la incógnita de qué nuevos datos saldrán a la luz en un caso que, de momento, ya se ha cobrado la imputación de una docena de cargos del partido. La Gürtel ha convertido además a Camps en rehén de los plazos. Primero, los del Supremo, que debe resolver sobre los recursos de la Fiscalía y el PSOE contra el archivo del caso de los trajes. Y después por los del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que igualmente debe decidir si admite a trámite la querella por financiación ilegal del PP, interpuesta también por los socialistas.Ahora, la Fiscalía ha pedido al juez Pedreira que investigue las cuentas del PP valenciano. El magistrado se muestra reticente a hacerlo, dado que esa investigación podría afectar a aforados valencianos.
Camps logró en agosto que el TSJCV lo exonerase del presunto delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno, en el caso de los trajes. Con el juez amigo Juan Luis de la Rúa al frente de las deliberaciones, el tribunal concluyó que aceptar ropa confeccionada a medida y valorada en 12.783 euros no entrañó delito, pese a que la figura del cohecho impropio castiga la simple recepción del soborno, sin necesidad de que exista contrapartida.
El PSOE valenciano da por seguro que el Supremo obligará a reabrir el caso. Cree que lo presagia la nítida redacción del artículo 426 del Código Penal, el referido al cohecho impropio. En ese punto, el Código establece un castigo de multa de tres a seis meses para "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función".
Los socialistas sostienen que si el Supremo validase la decisión del TSJCV, convertiría en papel mojado el citado artículo. Antes de decidir sobre el fondo del asunto, el Alto Tribunal ha de resolver si cabe aquí la posibilidad del recurso de casación. El abogado de Camps entiende que no.
Respecto a la querella del PSOE por financiación ilegal del PP valenciano, las cosas parecen menos claras. La querella reproduce casi milimétricamente el ya famoso informe policial que en julio despreció el tribunal valenciano.
Los conservadores se aferran a la esperanza de que la querella no se admitirá porque el informe policial ya fue desechado por el tribunal valenciano, que aún preside De la Rúa. Éste sigue a la espera de que el TSJM responda si está investigando las pistas contenidas en el citado dossier de la Brigada de Blanqueo.
Frente a quienes auguran nuevas imputaciones de alcance, en el entorno del juez Pedreira se asegura que no habrá grandes novedades en la parte sobre la que se levantará el secreto a final de mes. La instrucción, apuntan fuentes del tribunal madrileño, no puede eternizarse ni abrir nuevas vías indefinidamente. Y, además, lo relativo a las 24 comisiones rogatorias cursadas por el magistrado para seguir el rastro del dinero sigue aún pendiente de cierre.
Procesalmente, la gran duda estriba en si el caso permanecerá en manos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia o si acabará bajo la tutela del Tribunal Supremo. "Si se concretan imputaciones en Castilla y León o si se reabre el caso de los trajes o se admite la querella del PSOE contra Camps, tendrá que pasar al Alto Tribunal", opina una fuente conocedora del caso.
El icono: El año en que Fabra irá al banquillo (o no)
En Valencia, Camps no es el único con problemas. 2010 puede ser el año en que Carlos Fabra, imputado por corrupción desde hace seis años, se siente en el banquillo.No puede darse por seguro, dada la capacidad de maniobra mostrada por el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente histórico del PP valenciano. Pero si finalmente no surgen nuevos tropiezos, Fabra deberá responder ante la justicia por un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel. Las acusaciones de soborno y tráfico de influencias tendrán que esperar.
La derivada balear: Jaume Matas, el blanqueo y el palacete
La cascada de casos de corrupción en Illes Balears ha bloqueado al Partido Popular, cuyo ex líder y también ex ministro Jaume Matas se ha visto atrapado en el caso Palma Arena.El ex presidente del Govern deberá comparecer el 23 de marzo y en calidad de imputado ante José Castro, el juez que investiga los incrementos de precio en la construcción del velódromo palmesano, que terminó costando el doble de lo presupuestado. Castro acusa al ex presidente balear de nueve delitos cuyas penas suman hasta 30 años de cárcel. Cohecho (soborno), malversación y blanqueo de capitales figuran en la lista.
En el ojo del huracán desde que un constructor le acusó de haber pagado en dinero negro la reforma de su palacete en el centro de Palma de Mallorca, Matas no ha recibido ningún reproche público de su partido. La compra del palacete, adquirido supuestamente a un precio muy inferior al de su valor de mercado, se encuentra bajo sospecha.
Pero eso no es todo. A comienzos de año trascendió un informe de la Guardia Civil según el cual la promotora que compró, reformó y comercializó los apartamentos del palacete es, en realidad, una sociedad instrumental propiedad de Jaume Matas.
Su escándalo no es el único que zarandea a los conservadores en las islas. Casos como el Scala o el de Andratx, cuyo ex alcalde Eugenio Hidalgo ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre, se han encadenado en los últimos años.
Entre uno y tres: 3
LOS ERES DE ARENAS
Como diría la prensa conservadora si no se tratara de quien se trata, el suegro de Javier Arenas cobró 120.000 euros del dinero de los parados andaluces. El auto dictado el pasado 14 de marzo por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas de casi 120.000 euros cobradas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las "cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público" por orden del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde la semana pasada.
Cuando, en abril de 2011, aparecieron las primeras noticias de esos cobros, Luis Olivencia, cuñado de Arenas y director actual del bufete, declaró: "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar". Sin embargo, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, había declarado imprudentemente sólo unas semanas antes: "El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...) Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE".
La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, defendió entonces la legalidad de ese pago de 120.000 euros, aunque consideró "lamentable" que el PP se dedicara a descalificar el conjunto de los 647 millones destinados a ayudas sociolaborales, perjudicando así la honorabilidad de cientos de empresas, instituciones y personas, con acusaciones "falsas e irresponsables".
En este auto judicial -de diligencias previas para determinar las responsabilidades pecuniarias de Guerrero por su irregular gestión de los fondos públicos- la jueza que investiga los ERE fraudulentos alude textualmente a "facturas de asesoramiento a empresas (sin que conste causa legal para legal para ello)", que se corresponden con doce pagos realizados por Guerrero en 2002. De esa docena de pagos, dos fueron girados al Bufete Olivencia Ballester y los diez restantes a Estudio Jurídico Villasís, si bien la mayoría de fondos desembolsados fue, con mucha diferencia, para el Bufete Olivencia-Ballester, con casi 120.000 euros sobre un total de unos 160.000 pagados.
El detalle de los pagos está incluido en un desplegable incorporado a las diligencias judiciales. El despacho de Olivencia asesoró en 2001 a Santana Motor, empresa participada al 100% por la Junta, para externalizar componentes de su cadena de automoción. La factura fue exactamente de 119.828 euros, que la Consejería de Empleo abonó con dinero del mismo fondo con el que subvencionó los ERE fraudulentos.
En ese auto la jueza impuso una fianza civil de 686 millones de euros a Guerrero para hacer frente al "ingente despilfarro" de dinero público presuntamente cometido. Alaya impuso esta medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión.
Cuando, en abril de 2011, aparecieron las primeras noticias de esos cobros, Luis Olivencia, cuñado de Arenas y director actual del bufete, declaró: "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar". Sin embargo, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, había declarado imprudentemente sólo unas semanas antes: "El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...) Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE".
La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, defendió entonces la legalidad de ese pago de 120.000 euros, aunque consideró "lamentable" que el PP se dedicara a descalificar el conjunto de los 647 millones destinados a ayudas sociolaborales, perjudicando así la honorabilidad de cientos de empresas, instituciones y personas, con acusaciones "falsas e irresponsables".
En este auto judicial -de diligencias previas para determinar las responsabilidades pecuniarias de Guerrero por su irregular gestión de los fondos públicos- la jueza que investiga los ERE fraudulentos alude textualmente a "facturas de asesoramiento a empresas (sin que conste causa legal para legal para ello)", que se corresponden con doce pagos realizados por Guerrero en 2002. De esa docena de pagos, dos fueron girados al Bufete Olivencia Ballester y los diez restantes a Estudio Jurídico Villasís, si bien la mayoría de fondos desembolsados fue, con mucha diferencia, para el Bufete Olivencia-Ballester, con casi 120.000 euros sobre un total de unos 160.000 pagados.
El detalle de los pagos está incluido en un desplegable incorporado a las diligencias judiciales. El despacho de Olivencia asesoró en 2001 a Santana Motor, empresa participada al 100% por la Junta, para externalizar componentes de su cadena de automoción. La factura fue exactamente de 119.828 euros, que la Consejería de Empleo abonó con dinero del mismo fondo con el que subvencionó los ERE fraudulentos.
En ese auto la jueza impuso una fianza civil de 686 millones de euros a Guerrero para hacer frente al "ingente despilfarro" de dinero público presuntamente cometido. Alaya impuso esta medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión.
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LOS ENCHUFES DE GOBERNAR
Iván Rosa, abogado del Estado en excendencia y esposo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se va a incorporar al departamento jurídico de Telefónica.
Según informa El Confidencial, el fichaje de Rosa por la multinacional presidida por César Alierta se concretó hace unas semanas tras una cena con el responsable jurídico y secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Leirín.
Hasta ahora, el marido de Sáenz de Santamaría trabajaba en el Ministerio de Hacienda, donde ha pedido una baja por excedencia para emprender rumbo en el sector empresarial.
Se casó por lo civil con la vicepresidenta del Gobierno en Brasil en 2005 pero su nombre no saltó a la luz pública hasta que a comienzos de 2011 la propia Soraya Sáenz de Santamaría, por aquel entonces portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, anunció que estaba embarazada de su primer hijo.
El fichaje de Iván Rosa llega precedido del frustrado nombramiento de Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, como consejero de Red Eléctrica. López del Hierro pretendía llegar al consejo de administración de la empresa, participada en un 20% por la SEPI, el próximo 19 de abril. Su sueldo anual iba a rondar entre los 130.000 y los 180.000 euros y el cargo se uniría a los tres asientos que ya ocupa en los consejos de Renta Corporación, Amper e Itinere.
Pero el aluvión de críticas por la clara influencia de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, en la decisión provocó que finalmente López del Hierro renunciara al cargo. Incluso, dentro del Partido Popular fueron muchas las voces que criticaron la entrada del empresario en Red Eléctrica.
De hecho, las fuentes del Grupo consultadas por Europa Press han expresado malestar por el hecho de que la contratación de Villa haya sido publicada justo después de la de Iván Rosa, porque consideran que se pretende dar la impresión de que son casos comparables, cuando a su juicio no es así.
En este sentido, aseguran que no sólo Madina no ha hecho "ninguna gestión" en favor de su esposa, sino que además el PSOE ahora no está en el poder. Es más, destacan que fue Telefónica quien se interesó por el currículum de Villa y que ese interés se ha concretado finalmente en su contratación en el departamento de Relaciones Internacionales.
Paloma Villa fue asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y también perteneció al gabinete de la exministra de Exteriores y exsecretaria de Estado para Iberoamérica Trinidad Jiménez, puesto que le brindó experiencia y contactos en el ámbito internacional, explican las fuentes.
Según informa El Confidencial, el fichaje de Rosa por la multinacional presidida por César Alierta se concretó hace unas semanas tras una cena con el responsable jurídico y secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Leirín.
Hasta ahora, el marido de Sáenz de Santamaría trabajaba en el Ministerio de Hacienda, donde ha pedido una baja por excedencia para emprender rumbo en el sector empresarial.
Se casó por lo civil con la vicepresidenta del Gobierno en Brasil en 2005 pero su nombre no saltó a la luz pública hasta que a comienzos de 2011 la propia Soraya Sáenz de Santamaría, por aquel entonces portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, anunció que estaba embarazada de su primer hijo.
El fichaje de Iván Rosa llega precedido del frustrado nombramiento de Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, como consejero de Red Eléctrica. López del Hierro pretendía llegar al consejo de administración de la empresa, participada en un 20% por la SEPI, el próximo 19 de abril. Su sueldo anual iba a rondar entre los 130.000 y los 180.000 euros y el cargo se uniría a los tres asientos que ya ocupa en los consejos de Renta Corporación, Amper e Itinere.
Pero el aluvión de críticas por la clara influencia de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, en la decisión provocó que finalmente López del Hierro renunciara al cargo. Incluso, dentro del Partido Popular fueron muchas las voces que criticaron la entrada del empresario en Red Eléctrica.
Alierta también contrata a la mujer de Madina
Esta mañana, además, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han confirmado que Paloma Villa, esposa del secretario general del Grupo, Eduardo Madina, ha sido contratada recientemente por Telefónica. Sin embargo, ha subrayado que este caso "no es comparable" con los fichajes de familiares de ministros y altos cargos del PP por parte de esta y otras grandes empresas, como el de Iván Rosa.De hecho, las fuentes del Grupo consultadas por Europa Press han expresado malestar por el hecho de que la contratación de Villa haya sido publicada justo después de la de Iván Rosa, porque consideran que se pretende dar la impresión de que son casos comparables, cuando a su juicio no es así.
En este sentido, aseguran que no sólo Madina no ha hecho "ninguna gestión" en favor de su esposa, sino que además el PSOE ahora no está en el poder. Es más, destacan que fue Telefónica quien se interesó por el currículum de Villa y que ese interés se ha concretado finalmente en su contratación en el departamento de Relaciones Internacionales.
Paloma Villa fue asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y también perteneció al gabinete de la exministra de Exteriores y exsecretaria de Estado para Iberoamérica Trinidad Jiménez, puesto que le brindó experiencia y contactos en el ámbito internacional, explican las fuentes.
Entre uno y tres: 3
1 ene 2012
AÑO 2012
Ya estamos en el 2012 el año que dicen los visionarios que es la destrucion del mundo.Segun ellos llegaran grandes catastrofes,pero el la raza humana ya se destrulle por si misma.Si no cambiamos haciendonos mas tolerables con nosotros mismos y con la tierra,cuidandola como si fuera nuestro cuerpo nuestra tierra no seria destruida.La tierra nos castigara sino la cuidamos.
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